Columna de opinión | Excélsior
Autor: María Marván Laborde

Vino el agua, cargada de basura y en muy pocos meses, unas cuantas semanas, se tragó el basamento de una obra de dos mil millones de pesos, se tragó dos vidas y evidenció el grado de podredumbre del sistema de obras públicas del sexenio…

Los vecinos de Colinas de Santa Fe, en las afueras del Puerto de Veracruz, descubren una fosa común con más de 250 calaveras humanas. Sin identificación, sin féretro, sin justicia, ahí están como evidencia de un “conflicto que no es crimen y tampoco es guerra civil, es una nueva forma híbrida de violencia organizada”, dijo ayer en The New York Times Ioan Grillo.

El lunes llegó al país Javier Duarte extraditado de Guatemala, Arturo Ángel, uno de los 30 reporteros privilegiados que tuvieron acceso, nos ofreció, en Animal Político, una magnífica crónica de una desastrosa audiencia inicial. Tres ministerios públicos, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez llegaron mal preparados, quizá porque pensaron que sería un trámite irrelevante, quizá por complicidad, quizá por corrupción. Ahora se espera que el propio procurador pueda enderezar el curso del juicio. La audiencia del sábado no podrá parecerse a la del lunes.

Y ayer, sí, también ayer, formalmente arrancó el funcionamiento del aún incompleto Sistema Nacional Anticorrupción. El nombramiento del fiscal anticorrupción es una deuda del Senado con México que no ha estado dispuestos a saldar. Llevan sólo tres años de atraso. Diversas grillas se han atravesado en el camino. Acuerdos inconfesables entre partidos que no pueden concretar. Tampoco han podido nombrar a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pareciera que, sin cuates ni cuotas, la alternativa es la parálisis.

Sólo cinco de las 32 entidades pudieron completar las leyes que la Constitución les exigía para el martes. Hay reformas constitucionales que más valía que no las hubieran hecho, el sistema anticorrupción de la neonata Ciudad de México es tan light y amañado que seguramente sucumbiría en la Corte en un recurso de inconstitucionalidad. Esperemos que alguien lo presente.

La gravedad y el cinismo de la corrupción son motivo de alarma y de indignación. El subsuelo del Paso Exprés no habría desaparecido sin una red de corrupción que lo permitiera. Una fosa común con 250 calaveras requiere la complicidad de policías, autoridades estatales y municipales y quizá hasta del Ejército. Los fiscales pueden llegar mal preparados porque hay quien se los permite.

Eso y mucho más está en la raíz de quienes conformamos el movimiento #VamosPorMás, el manifiesto leído el lunes por Diego Luna reúne a 41 organizaciones, unas de la sociedad civil, otras empresariales, sumó, además, a 17 ciudadanos y ciudadanas que, a título individual, respaldan los planteamientos esenciales que apuestan por una vía institucional de cooperación con las autoridades para revertir la descomposición social, que ha sido propiciada y solapada por la corrupción.

Advierte el documento sobre las enormes resistencias de congresos, grupos políticos y funcionarios. Algunos se oponen al cambio por conveniencia personal o de su camarilla, otros son incapaces de construir una nueva institucionalidad de la mano de la ciudadanía

El embate mediático de hace unos días le costó a un diario remover al director editorial, aun así dejó minada su credibilidad, como dice Woldenberg, la confianza se gana por micras y se pierde por kilómetros, recuperar prestigio no les será ni rápido ni sencillo.

Concluye el manifiesto: “Las y los ciudadanos estamos dispuestos a trabajar para reformar nuestras instituciones y leyes, y mejorar el ejercicio de gobierno. No podemos perder la oportunidad histórica que se nos presenta para dejar de ser un país con elevadas prácticas de corrupción y lacerante impunidad. No podemos aceptar ésta como nuestra realidad”.

No se trata de una división maniquea de la buena sociedad vis a vis los malvados gobernantes, tampoco es la Primavera Árabe que quiere derrocar al gobierno. Se trata de, juntos, mirar hacia adelante y restituir el tejido social a partir de una relación honesta entre gobernantes y gobernados. No es extremista pedir un país justo y libre de corrupción.

Publicación original: http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2017/07/20/1176709

20-07-2017