Columna de opinión | Reforma
Autor: Juan E. Pardinas

Nunca antes en la historia de la democracia mexicana se había dado una convocatoria tan amplia y plural. En el escenario de #VamosPorMás estaban representantes de organizaciones tan diversas como Artículo 19 y la Asociación de Bancos de México. Una ONG dedicada a defender la libertad de expresión y proteger periodistas amenazados, junto a la cámara que representa al sector bancario. GIRE, una organización que defiende los derechos reproductivos de las mujeres, de la mano de la Barra Mexicana de Abogados. El Consejo Mexicano de Negocios, activistas a favor de los derechos humanos y Causa en Común.

A pesar de probables diferencias ideológicas y posiciones encontradas sobre muchos temas, #VamosPorMás se constituyó en un consenso básico para avanzar una agenda común. El actor Diego Luna leyó un comunicado que resumía el cemento que consolidó la convocatoria: “Corrupción, impunidad y violaciones graves de los Derechos Humanos son enfermedades que están minando la salud de la nación y que amenazan su desarrollo económico, político y social. Padecemos, todos, una profunda e indignante injusticia. Y no podemos ni estamos dispuestos a acostumbrarnos”. #VamosPorMás es la voz de un México que se niega a normalizar las fosas comunes, los socavones y el nepotismo en el Poder Judicial.

Dentro del comunicado leído por Diego Luna se avanza el punto inicial en la agenda de #VamosPorMás: “En primer lugar, y en eso coincidimos con lo propuesto por el colectivo por una #FiscalíaQueSirva, (catalizaremos) una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General no solo autónoma, sino independiente, eficaz, con los controles democráticos adecuados”.

La transición de la PGR a la Fiscalía General de la República es el tema más importante que tiene México en los meses y años por venir. El titular de la Fiscalía será la cabeza de una cuarta rama del Estado, con el mayor poder que puede tener una autoridad: la facultad de perseguir penalmente a sus conciudadanos. Si alguna vez México logra cerrar el capítulo vigente de violencia e impunidad, esto dependerá en gran medida de la capacidad para forjar 33 meritocracias en los ministerios públicos de las entidades y el nivel federal. ¿Qué país tendríamos si ser ministerio público fuera una de las mejores opciones profesionales para los jóvenes recién egresados de las facultades de Derecho? ¿Cómo cambiarían los niveles de impunidad si ser ministerio público garantizara un ingreso suficiente para ser parte de la clase media y, además, el cargo otorgara el prestigio público y el respeto de sus conciudadanos?

Desde noviembre de 2016, el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional que elimina el pase automático de Procurador General a Fiscal General de la República. El día de hoy esta aprobación fast track beneficiaría al procurador Raúl Cervantes. Si la reforma avanzara, no se cancelaría el derecho de Cervantes para postularse al cargo, pero sería el Senado la institución encargada de organizar el proceso de selección y designación del primer Fiscal General. La propuesta del Presidente de reformar el 16° transitorio constitucional ha quedado archivada en el Senado. Curiosamente es la mayoría del PAN y la izquierda quienes están más interesados en impulsar esta iniciativa emanada del Ejecutivo. Además de frenar el pase automático se requiere replantear un diseño constitucional para la transición de la PGR a la Fiscalía General. Esta reforma no puede ser un simple cambio de fachada sino la formación de un servicio civil de carrera con profesionistas dedicados a perseguir el delito en México. El espíritu cívico que animó el movimiento de la Ley 3 de 3 tiene una nueva misión con el ánimo de fortalecer el derecho y las instituciones del país. Vamos por más.

Publicación original: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=116830

23-07-2017