En el caso del fiscal general, la experiencia internacional aconseja un periodo transexenal para reducir las condiciones de influencia presidencial.
Organizaciones civiles enviarán al Senado mexicano una iniciativa que buscará modificar la estructura de la Fiscalía General de la República.
Esta nueva institución reemplazará a la Procuraduría General de la República (PGR) y se espera que cuente con la autonomía suficiente con el fin de evitar presiones de los gobiernos en turno, explicaron los grupos durante el evento realizado en la glorieta del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, la mañana de este martes 29 de agosto.
En el caso del fiscal general, la experiencia internacional aconseja un periodo transexenal para reducir las condiciones de influencia presidencial o del gobierno en turno, con una duración del cargo con de seis años sin posibilidad de reelección, apuntaron las ONGs en un comunicado.
“La Procuraduría General de la República no le sirve a México y necesitamos una Fiscalía General de la República que le sirva, eso requiere de cambios profundos legales, procesales, institucionales y es por lo que estamos empujando todas estas organizaciones con un proyecto muy serio que vamos a poner a consideración del Congreso de la Unión para ser discutido”, dijo Claudio X. González, quien es presidente de la organización no gubernamental Mexicanos contra la corrupción.
Uno de los voceros, Eduardo Bohórquez, compartió los cinco ejes de la propuesta:
1: Mejor método de elección del fiscal
2. Mecanismos de control interno.
3. Un consejo que supervise a la nueva fiscalía
4. Cuerpos especializados y profesionalización
5. Transparencia en transición de PGR a Nueva Fiscalía
“Lo que hemos descubierto en los últimos años es que la impunidad en este país está claramente vinculada a la falta de justicia autónoma e imparcial, la PGR es una entidad politizada, subyugada al servicio del presidente y la única forma de cambiarla es a través de la autonomía, a través de reglas que le provean independencia política y a través de un fiscal general que no sea el procurador Raúl Cervantes simplemente brincando de puesto para proveerle un certificado de impunidad transexenal a la clase política de este país”, dijo la politóloga y académica del ITAM, Denisse Dresser.
“Sabemos que no va a ser un esfuerzo fácil, tanto el PRI como el Partido Verde están luchando por garantizar la permanencia del procurador Cervantes dentro de la Fiscalía, pero esta es la voz de un número importante de organizaciones de la sociedad civil mexicana, no sólo crítica, no sólo diciendo que no, sino planteando una ruta de salida”, dijo Juan Pardinas, director del Instituo Mexicano Para la Competitividad (IMCO).